Por: Ana María Garduño.
La cárcel en México dejó de ser, hace años, un instrumento de justicia para convertirse en una pieza más del engranaje del poder. Un espacio donde convergieron jueces complacientes, contratos blindados, empresas privadas y criminales que jamás conocieron el castigo real. Mientras el discurso oficial hablaba de “Estado de derecho”, en los hechos se construyó un sistema donde la prisión se volvió un negocio, el encierro mercancía y la libertad negociable. No fue un accidente: fue un diseño. La liberación de criminales y el negocio penitenciario que el Estado provocó y sus consecuencias siguen caminando libres por las calles.
Sí, México sí tiene cárceles privadas. No se llamaron así para evitar el escándalo. Se escondieron bajo el eufemismo jurídico de “Asociaciones Público-Privadas (APP)”, creadas durante el sexenio de Felipe Calderón y diseñadas bajo el control de Genaro García Luna. Ese maquillaje legal permitió entregar al sector privado la construcción y operación de centros penitenciarios federales mediante contratos de 20 a 25 años, con una cláusula clave: el Estado debía pagar por cada celda, estuviera ocupada o vacía. En términos materiales y financieros, eso es privatización penitenciaria pura.
El resultado fue la creación de al menos ocho centros penitenciarios federales privatizados, ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Coahuila. Su operación no respondió al bien común ni a criterios de política criminal, respondió a intereses mercantiles: prisiones grandes, alejadas de centros urbanos, costosas, blindadas contractualmente y prácticamente intocables para la rendición de cuentas. El negocio comprometió recursos públicos por más de 250 mil millones de pesos a largo plazo, una deuda que pagarán generaciones que ni siquiera habían nacido cuando se firmaron estos contratos.
¿Quiénes estuvieron detrás? Grandes consorcios empresariales y financieros operando mediante fideicomisos, filiales y estructuras opacas: ICA, Prodemex, GIA, Grupo Carso y esquemas de financiamiento ligados a BlackRock México, además de bancos y fondos asociados a deuda pública. Uno de los casos más delicados señalados públicamente fue el del propietario del periódico El Financiero, identificado también como dueño del penal federal de Papantla, Veracruz. Infraestructura carcelaria convertida en activo financiero, con ingresos garantizados por el Estado. No era justicia: era negocio.
Pero lo más grave no fue el costo. Fue el modelo de encierro. Estos centros penitenciarios privados ofrecieron condiciones muy por encima del promedio del sistema penitenciario nacional. No hablamos de dignidad mínima, hablamos de privilegios estructurales. Celdas individuales con baño propio, sistemas de climatización, alimentación constante y de mejor calidad, servicios médicos subrogados y una infraestructura moderna completamente aislada del hacinamiento brutal que padecen las cárceles estatales. Mientras millones de mexicanos escuchaban la palabra “prisión” como sinónimo de castigo, para algunos criminales fue sinónimo de comodidad controlada, de centros VIP.
En varios de estos centros, y en penales operados bajo la misma lógica de privilegio, se documentaron celdas acondicionadas como habitaciones privadas: pantallas de plasma, reproductores de DVD, refrigeradores, muebles, sistemas de audio y espacios adaptados con jacuzzis. Los internos con poder económico organizaban fiestas, consumían licor, tenían acceso constante a teléfonos celulares, internet y visitas fuera de cualquier control real. Desde ahí se coordinaban extorsiones, tráfico de drogas y órdenes criminales. El encierro no interrumpía el delito: lo administraba con eficiencia.
Mientras tanto, el resto del sistema penitenciario colapsaba. Cárceles públicas hacinadas, autogobiernos criminales, hambre, cobros ilegales, violencia cotidiana y abandono institucional. Dos sistemas penales coexistiendo en un mismo país: uno de castigo brutal para los pobres; otro de encierro funcional para quienes podían pagar o negociar su lugar en la jerarquía criminal.
El costo de este modelo es escandaloso. En 2020, mantener a un interno en un penal privatizado llegó a costar hasta 6 mil 411 pesos diarios, como en el centro femenil de Morelos. En contraste, en la Ciudad de México el gasto promedio por interno en cárceles públicas rondaba los 500 pesos diarios. Aun así, el 68.3 % del presupuesto federal para prevención y readaptación social terminó pagando a estas empresas privadas. En tan sólo nueve años se erogaron más de 75 mil millones de pesos, y aún queda un adeudo superior a 190 mil millones. El castigo se volvió un lujo… pagado por todos los mexicanos.
En este contexto, hablar de jueces que “liberan criminales” sin mirar el sistema completo es fabricar chivos expiatorios. El problema es estructural. Durante años, el Poder Judicial autorizó traslados, validó condiciones de reclusión diferenciadas y permitió que el modelo privatizado condicionara el cómo y el dónde se estaba en prisión, pese a que la Constitución establece que la ejecución penal debe estar bajo rectoría judicial. Cuando los jueces renuncian a ese control, abdican de su función constitucional y dejan la justicia en manos del mercado.
Por eso es indispensable separar responsabilidades. La nueva Suprema Corte, electa por el pueblo y con apenas meses de existencia, no puede cargar con las decisiones, los “sabadazos” ni las liberaciones construidas durante años por una Corte anterior que operó sin contrapesos reales. Los criminales que hoy caminan libres no salieron solos: salieron empujados por un sistema donde el juez, el negocio penitenciario y el crimen aprendieron a convivir.
Y en medio de todo, quedó el ciudadano invisible: el que paga impuestos, el que sufre la violencia, el que jamás tuvo jacuzzi, ni pantallas, ni trato preferencial. El que creyó que la cárcel era justicia, sin saber que también era un contrato firmado en su nombre, pero en su contra.
La narrativa oficial durante años intentó convencer al país de que la violencia era culpa exclusiva del crimen organizado, como si los delincuentes se reprodujeran por generación espontánea. Pero hay una verdad incómoda que el discurso institucional ocultó deliberadamente: en México, miles de criminales no escaparon, fueron liberados. No huyeron de la justicia, salieron caminando por la puerta, amparados por resoluciones judiciales emitidas desde despachos con aire acondicionado, bajo firmas que nunca pisan una calle tomada por la violencia que ellos mismos facilitan.
El sistema penitenciario privatizado fue una pieza del engranaje. La otra, igual de decisiva, fue un Poder Judicial corrompido en su función, particularmente durante el periodo en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue presidida por Norma Lucía Piña Hernández. Bajo su conducción, la Corte fue evidentemente omisa: fue funcional a la impunidad. Mientras el país se desangraba, jueces y magistrados especializados en “criterios garantistas” convertían tecnicismos en salvoconductos y el debido proceso en coartada para liberar criminales de alto impacto.
No se trata de percepciones, son datos. Durante los últimos años del viejo régimen judicial, cientos de delincuentes de alta peligrosidad fueron liberados por decisiones judiciales, según informes oficiales de la Secretaría de Seguridad. Narcotraficantes, operadores financieros del crimen, funcionarios de cuello blanco, secuestradores y generadores de violencia regresaron a las calles no por falta de pruebas, regresaron por resoluciones que anularon procesos completos, invalidaron cateos, desacreditaron testimonios o reinterpretaron la ley hasta volverla irreconocible.
El caso del juez Gregorio Salazar Hernández se volvió emblemático. Vinculado a la liberación de operadores criminales de alto perfil, entre ellos integrantes de organizaciones del narcotráfico, su actuación reveló un patrón: decisiones reiteradas a favor del crimen, pese a expedientes sólidos. No fue un error aislado. Fue conducta sistemática. Y, aun así, el sistema judicial fue incapaz de sancionarlo penalmente. La inmunidad judicial operó como blindaje.
En 2023, el Consejo de la Judicatura Federal reconoció investigaciones contra al menos siete jueces por corrupción, nepotismo y resoluciones irregulares. ¿Cuántos fueron encarcelados? Ninguno. El castigo, cuando llegó, fue administrativo, discreto, silencioso y enterrado. Mientras tanto, los criminales liberados siguen operando, extorsionando, asesinando.
La Corte que encabezó Norma Piña jamás asumió responsabilidad política ni moral por estas liberaciones. Al contrario: cerró filas, defendió la “independencia judicial” como si independencia fuera sinónimo de irresponsabilidad absoluta. La independencia judicial no es licencia para destruir al Estado desde dentro. Pero así fue usada.
Norma Piña: la presidenta que normalizó la puerta giratoria. Durante su presidencia, la Suprema Corte se convirtió en un muro contra cualquier intento de reforma, pero en una puerta abierta para la delincuencia. Cada crítica al Poder Judicial era respondida con discursos sobre la democracia, mientras en los hechos la justicia se descomponía. La Corte no combatió la corrupción interna; la administró. No depuró jueces; los protegió.
Bajo su liderazgo, se toleró que jueces dictaran resoluciones que dejaban en libertad a criminales con historiales extensos, ignorando el impacto social de sus fallos. Se ignoró deliberadamente el artículo 21 constitucional, que establece la rectoría judicial sobre la ejecución penal, pero también su responsabilidad. Se renunció al control efectivo del sistema penitenciario y se permitió que el mercado, el dinero y el crimen condicionaran la justicia.
La vieja Corte actuó como corporación cerrada, desconectada de la realidad del país. No escuchó a las víctimas, no protegió al ciudadano común, no respondió al mandato constitucional del artículo primero, que obliga a prevenir violaciones a derechos humanos. ¿Qué mayor violación que liberar a quien volverá a matar?
Cárceles privadas, jueces complacientes, criminales cómodos. El modelo privatizado de prisiones y la corrupción judicial no fueron fenómenos separados: se alimentaron mutuamente. Mientras el Estado pagaba miles de pesos diarios por internos en cárceles privadas con condiciones privilegiadas, jueces autorizaban traslados, beneficios y liberaciones anticipadas. La prisión dejó de ser castigo y se convirtió en estación de paso. Para algunos, incluso en centro de operaciones.
Así se construyó un sistema perverso:
• Cárceles públicas colapsadas para los pobres.
• Centros privatizados funcionales para criminales de alto perfil.
• Jueces que resolvían a favor del crimen sin consecuencias.
El resultado es devastador: impunidad estructural. Por eso es fundamental decirlo con claridad: la nueva Suprema Corte, electa por el pueblo y con apenas meses de existencia, no es responsable del desastre heredado. No puede ni debe cargar con las decisiones de una Corte anterior que operó como bastión del viejo régimen judicial. El país no está ante un problema de coyuntura, está ante una herencia tóxica.
La elección popular del nuevo Poder Judicial no es un capricho político: es una respuesta histórica a décadas de corrupción, elitismo y simulación. Por primera vez, los jueces saben que no son intocables, que la toga ya no garantiza impunidad eterna.
La violencia en México no se explica sólo por los cárteles. Se explica por jueces que liberan, cortes que encubren y un sistema que convirtió la justicia en privilegio. Norma Piña no pasará a la historia como defensora del Estado de derecho, quedará como la presidenta de una Corte que miró hacia otro lado mientras el país ardía.
El ciudadano invisible, el que entierra a sus muertos, el que vive con miedo, el que jamás ha conocido el trato VIP, tiene derecho a saberlo: la justicia también fue secuestrada. Y durante años, los secuestradores usaron toga.
