Por: Ana María Garduño
En México, la llamada “oposición” tiene nombre y tiene historia. Está compuesta, principalmente, por los partidos que gobernaron durante décadas y dejaron al país hundido en corrupción estructural, desigualdad y violencia: PAN, PRI y sus satélites reciclados, hoy reagrupados no por ideas comunes, reagrupados por miedo a perder privilegios y por su comportamiento predecible. En el Congreso no legislan: obstruyen. No presentan reformas integrales; presentan reservas para retrasar la iniciativa. No construyen mayorías; buscan tribunas y micrófonos. Su política no se basa en crear buenas iniciativas, se basa en no pensar, no proponer, y sólo vivir del escándalo como estrategia política.
Su proyecto no es crear país distinto, es crear una mentira cada mañana. Vivir del ruido porque el ruido no exige ideas; exige la locura instantánea. Donde debería haber diagnósticos hay adjetivos ofensivos. Donde debería haber propuestas hay hashtags. Donde debería haber responsabilidad política hay espectáculo. Esta oposición mexicana no debate modelos económicos, ni discute política pública, ni arriesga una sola solución concreta, porque proponer obliga a responder. Y responder implica ser evaluado. El escándalo, en cambio, es gratis: no se demuestra, no se sostiene, no se corrige. Se lanza, se incendia y se abandona.
Así, ellos con el grito sustituyen al pensamiento y con la consigna diaria de la violencia reemplazan al argumento. El país se ha vuelto su escenario y la política, su industria de la mentira y la furia. No buscan convencer al ciudadano informado, buscan agotarlo, saturarlo, confundirlo. Su triunfo no es ganar elecciones: es impedir que la discusión madura exista y sólo se dé el pleito vulgar y callejero. Su pobreza intelectual es tan evidente que no cuentan con un proyecto de nación. En sus bancadas no hay ideas, sólo robo, cinismo y caos. A estos parásitos los mantiene obligatoriamente el pueblo con una inmerecida y rechoncha mesada, y para rematar la constitución les otorga fuero para que inmunemente sigan atentando contra la patria. Veamos a los magistrales lideres nacionales de estos partidos:
Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, es el rostro de la impunidad priista. Este dirigente nacional ostenta una larga cadena de acusaciones penales que lo mantienen aferrado al fuero como último escudo. Su constante es usar el poder público para el beneficio personal y partidista. Desde 2022, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche mantiene una acusación formal en su contra por presunto desvío de 83 millones de pesos, vinculándolo a enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, cometidos durante su gestión como gobernador (2015–2019). Esa solicitud de desafuero fue presentada ante el congreso por primera vez en agosto de 2022. En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación distinta y de carácter federal, por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos federales, fraude fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias. Desde ese año, la FGR giró oficios “reservados y urgentes” a dependencias federales para recabar información administrativa y financiera del periodo 2015–2020, es decir, los años clave de su gobierno en Campeche.
Antes de asumir la gubernatura, Moreno adquirió 13 predios en Lomas del Castillo, zona de alta plusvalía. El valor comercial de esos terrenos superaría los 24 millones de pesos. Le atribuyen la propiedad de inmuebles en Polanco, propiedades en el Country Club, bienes en el extranjero y una mansión en Lomas del Castillo, Campeche, valuada en más de 130 millones de pesos, con un menaje cercano a 50 millones. En sus declaraciones patrimoniales reportó múltiples terrenos y casas adquiridos al contado, para después, ya como senador, declarar no poseer bienes ni vehículos, una inconsistencia que forma parte de las investigaciones. Las acusaciones no se limitan a su etapa como gobernador. Ya como dirigente nacional del PRI, se le señala por presunto desvío de prerrogativas partidistas, particularmente mediante contratos inflados de talleres en línea, supuestamente destinados a la capacitación y al liderazgo político de las mujeres, con montos que superan los 32 millones de pesos.
A este historial de Moreno, sin contar sus expedientes de antaño, suman su comportamiento violento e inédito en el Congreso, como el ataque físico contra el presidente del Senado durante la Comisión Permanente, un hecho que agrava su perfil político y refuerza la percepción de que Moreno Cárdenas actúa desde la confrontación y la impunidad, no desde la legalidad ni el debate democrático. Hoy, su desafuero depende de una mayoría simple en la Cámara de Diputados, mayoría que sí existe. La Sección Instructora ha reconocido que el análisis técnico está prácticamente listo, pero se atrasa, se disimula y nunca inicia el proceso. Quién protege a este incomodo y presunto delincuente. Lo que está en juego ya no es sólo un proceso judicial, es la credibilidad de un sistema político que durante décadas ha permitido que personajes como él se arropen en la impunidad del desafuero.
Jorge Romero Herrera: el rostro inmobiliario del panismo corporativo, es una de las figuras más controvertidas del Partido Acción Nacional y hoy encarna la continuidad de un grupo político acusado de haber convertido el poder público en una plataforma de negocios privados. Llega a la dirigencia nacional del PAN, cuando su nombre está directamente asociado al llamado “Cártel Inmobiliario”, una red de funcionarios y empresarios que, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, habría operado durante años un esquema sistemático de violación de usos de suelo, autorización de pisos excedentes, escrituras irregulares y beneficios inmobiliarios ilegales a cambio de departamentos, favores económicos y control político. Este modus operandi salió a la luz tras una explosión en un edificio en 2021, que detonó investigaciones de oficio y permitió detectar patrones repetidos de irregularidades en múltiples desarrollos inmobiliarios en Benito Juárez.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado públicamente a Romero como el presunto jefe de esa red, afirmando que no se trató de acciones aisladas de funcionarios menores, es una estructura organizada con conocimiento y dirección política desde la cúpula delegacional. Estas afirmaciones no provienen únicamente del actual gobierno: incluso Felipe Calderón, expresidente y referente histórico del PAN, dejó constancia escrita en su libro Decisiones Difíciles de que Romero era “famoso por los casos de corrupción” y por obtener ganancias millonarias mensuales mediante asociaciones irregulares y extorsiones, además de haber infiltrado el padrón interno del PAN en la Ciudad de México. Como delegado, Romero fue vinculado a constructoras favorecidas, en particular a Grupo Rouz, empresa que le vendió un penthouse con un descuento millonario, mientras la delegación que él encabezaba concentraba permisos y autorizaciones para esa misma desarrolladora. En ese periodo también se reportó el “robo” de equipos de cómputo oficiales que contenían bases de datos sensibles sobre construcciones, lo que levantó sospechas adicionales sobre encubrimiento y destrucción de información.
Romero forma parte de un bloque interno del PAN conocido como “Los Ocean”, un grupo que ha controlado durante años alcaldías clave como Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Entre sus integrantes se encuentran funcionarios actualmente en funciones y exdirigentes hoy procesados penalmente, como Christian Von Roehrich, quien se encuentra en prisión acusado de corrupción inmobiliaria. Este grupo ha sido señalado por Morena y por autoridades capitalinas como el núcleo político que permitió y normalizó la captura del aparato urbano por intereses privados. En el plano financiero, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación contra Jorge Romero por presuntas irregularidades en cuentas bancarias ligadas a familiares, donde se habrían detectado movimientos superiores a 350 millones de pesos, aunque estos datos aún se encuentran en fase de investigación y no han sido judicializados. Romero ha negado las acusaciones, pero el expediente sigue abierto y se suma a un historial de señalamientos que no han sido aclarados de fondo.
Más allá del desenlace jurídico, el caso de Jorge Romero simboliza un modelo de poder: el del PAN que gobierna ciudades como si fueran corporaciones privadas, donde el desarrollo urbano se negocia en lo oscuro y la legalidad se subordina al negocio. Ese es el antecedente que hoy acompaña al nuevo dirigente blanquiazul, y que marca, para muchos, la imposibilidad de una regeneración ética real dentro de ese partido. Alejandro Moreno simboliza la degradación final del PRI como partido-Estado y su mutación en una maquinaria personal de impunidad. Como dirigente nacional, encarna al priismo que ya no gobierna para administrar el poder, sólo usa al partido como escudo jurídico, caja financiera y chantaje político para sobrevivir a acusaciones de corrupción masiva. Su liderazgo representa la ruptura total entre el PRI y cualquier idea de institucionalidad: un partido secuestrado por su jefe, sostenido por el fuero, la negociación bajo la mesa y la amenaza permanente de colapso interno si él cae. Moreno, es el perfecto heredero de la putrefacción del viejo PRI; es su síntoma terminal: un dirigente que convierte la decadencia en método, la confrontación en coartada y la permanencia personal en el último programa político del tricolor.
Desde el momento en que perdieron el control del poder presidencial y del presupuesto. La derrota electoral no los llevó a una autocrítica, como ocurre en las democracias maduras, los llevó a una radicalización discursiva, porque son incapaces de explicar su pasado, optaron por demonizar el presente. El insulto sustituyó al programa; la violenta y cínica acusación reemplazó a la propuesta concreta. ¿Por qué jamás proponen? Porque proponer los delata. Cualquier proyecto serio obligaría a responder preguntas incómodas: ¿Privatizar de nuevo? ¿Regresar al endeudamiento masivo? ¿Reinstalar la seguridad militarizada sin control civil? ¿Reducir derechos laborales? No pueden decirlo abiertamente, porque el país ya los conoció. Por eso prefieren el escándalo permanente: “dictadura”, “narco-Estado”, “colapso”, sin pruebas, sin responsables claros, sin una sola alternativa viable. Es una oposición parasitaria, que vive del erario mientras sabotea al propio Estado que dice defender.
PAN y PRI no son simples partidos en crisis: son estructuras políticas con un historial probado de daño, incapaces de convivir con la democracia cuando no la controlan. Cuando gobernaron, concentraron poder, protegieron redes de corrupción y administraron el Estado como botín. Cuando perdieron, no aceptaron el veredicto ciudadano: se radicalizaron. Su conducta actual no es un desliz; es la consecuencia lógica de décadas de impunidad. Sus presidentes dejaron un legado que no admite maquillaje. Endeudaron al país en bonanza, privatizaron ganancias y socializaron pérdidas, militarizaron sin controles, normalizaron la colusión y convirtieron la corrupción en sistema. Los escándalos no fueron excepciones: fueron método. De ahí proviene el cinismo actual con el que hablan de “orden”, “legalidad” o “instituciones” sin sonrojarse.
Lo peligroso no es sólo lo que hicieron cuando gobernaron, es cómo se comportan cuando no lo hacen. PAN y PRI han demostrado que, fuera del poder, prefieren incendiar la legitimidad del Estado antes que reconstruirse. No proponen porque no pueden: cualquier propuesta revelaría su verdadera agenda —retrocesos, privilegios y dependencia—. Por eso eligen el ruido, la denuncia sin sustento y la internacionalización del conflicto. Su nefasta trayectoria explica su presente. Son partidos acostumbrados a mandar sin rendir cuentas, a operar desde la élite y a usar el miedo como herramienta política. Cuando el país dejó de obedecerles, decidieron castigar a la política misma. El escándalo permanente no es estrategia electoral; es venganza contra una ciudadanía que los desplazó. Han producido liderazgos que no conciben límites éticos. Para ellos, el poder no es un encargo temporal, es un derecho adquirido. Por eso el fuero se vuelve refugio, el partido una trinchera y la confrontación un negocio. No buscan convencer: buscan desgastar. No construyen mayorías: explotan fracturas.
La suma de sus trayectorias revela un patrón: cuando gobiernan, saquean; cuando pierden, sabotean. Esa es la amenaza que representan. No porque tengan fuerza, es porque carecen de escrúpulos. Son capaces de empujar escenarios de crisis si creen que así recuperan posiciones. El cálculo es frío: el daño colateral nunca les ha importado. PAN y PRI ya no son opciones políticas; son residuos de un régimen que se resiste a morir. Su peligro no está en lo que prometen, porque no prometen nada, radica en lo que están dispuestos a destruir para volver. Y eso, no es oposición: es vender la Patria, es irresponsabilidad histórica.
