Por: Ana María Garduño
Michoacán vuelve a teñirse de sangre. El asesinato del exdiputado y exmilitante de morena, Carlos Manzo, ejecutado con siete disparos por uno de los agresores: Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario de Paracho, Michoacán, adicto a la metanfetaminas y vinculado, según la fiscalía, al CJNG fue abatido en el lugar, y el arma utilizada en la agresión apareció vinculada a dos crímenes previos en Uruapan. Vuelven insidiosas las sombras de una guerra que jamás termina: la que inició Felipe Calderón, el carnicero de Michoacán. Bajo su mandato, el país se hundió en una pesadilla: más de cien grupos criminales surgieron donde antes apenas existían siete, y el Estado mexicano comenzó a desangrarse bajo su falsa bandera de la “guerra contra el narco”.
Manzo, antes un priista férreo, se sumó a morena con el ideal de transformar su tierra. Fue diputado, pero su carácter frontal y su filosofía de enfrentamiento directo contra el crimen organizado lo alejaba de los principios del partido. Cuando quiso contender por la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán, morena no lo respaldó; su discurso, incómodo para muchos, lo llevó a lanzarse como candidato independiente. Manzo contaba con protección personal y federal, asignada desde diciembre de 2024, reforzada en mayo de 2025, incluyendo 14 elementos de la Guardia Nacional y vehículos oficiales, lo que hace más cuestionable cómo pudo ocurrir el ataque.
El poder local, carcomido por los pactos y las viejas estructuras criminales, no tolera a quienes rompen las líneas del silencio. Y así, Manzo terminó siendo parte del mismo engranaje de violencia que denunció. Manzo había hecho declaraciones públicas fuertes contra el crimen organizado: denunció extorsión a productores de aguacate y limón, fosas clandestinas, y operación de campamentos en la meseta purépecha con mercenarios extranjeros.
Lo más oscuro en su muerte, son las circunstancias. ¿Por qué su escolta lo regresó tres veces al mismo punto donde fue ejecutado? ¿Por qué mataron al atacante a quemarropa si ya lo tenían sometido? ¿Y por qué desnudaron y revolcaron el cuerpo del asesino en el suelo del crimen? Las respuestas, como siempre, se pierden entre las sombras de los intereses políticos y la manipulación mediática y judicial.
La figura de Manzo se infló mediática y drásticamente en los últimos meses. Fue bautizado incluso como el “Bukele mexicano”, en una narrativa prefabricada que parece responder a una estrategia internacional, sobre todo por la exhibición pública del ataque: Elegir un evento cultural masivo (el Festival de las Velas), en plaza abierta, para perpetrar el asesinato ante testigos y cámaras. Esto crea un efecto de terror y una imagen mediática poderosa. En ese tablero, Carlos Manzo era una pieza útil: un político con discurso violento, con proyección mediática, y con un pasado partidista complejo que permitía manipular su imagen tanto para exaltarla como para destruirla. Por esto su muerte no es sólo un crimen, es una representación política. Una ejecución diseñada para alimentar la narrativa de descomposición en México y golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum, justo cuando su gobierno busca desmontar la herencia militar y neoliberal norteamericana.
El asesinato de Carlos Manzo no debe verse como un hecho aislado. Es parte de una herencia siniestra, de un laboratorio de guerra que comenzó con Calderón, el hombre que convirtió Michoacán en el epicentro de una tragedia nacional. Esa guerra, que jamás fue por la justicia, fue por el control geopolítico y económico del territorio mexicano, que sigue cobrándose vidas de quienes se atreven a desafiar al poder real: el poder de las armas, los medios y la mentira. El asesinato de Carlos Manzo no sólo exhibe la descomposición criminal heredada del calderonismo; también revela las grietas del poder local y las sombras dentro del mismo círculo que lo rodeaba.
Mientras el país aún se estremece por su muerte, su esposa, Grecia Quiroz, fue impulsada por el Movimiento Independiente del Sombrero para asumir la alcaldía de Uruapan, en abierta contradicción con la Ley Orgánica del Estado de Michoacán, que establece que el reemplazo debe ser del mismo género y origen partidista. Por norma, el cargo debía recaer en la síndica municipal, Hilda Flor del Campo Maldonado, quien conforme a la ley debió asumir provisionalmente la Presidencia mientras el Congreso del Estado designaba a la persona sustituta. Pero el poder, como tantas veces en la historia mexicana, se impuso sobre la legalidad.
La viuda del alcalde asesinado se presentó como heredera política, y su nombramiento irregular fue defendido con la narrativa sentimental de la tragedia, mientras en los hechos se quebrantaban los principios más elementales de la ley, sus partidarios y ella misma, exigen todo el peso de la ley hacía los responsables de este artero crimen, cuando son ellos los que empiezan infringiéndola y mintiendo. El Líder ha muerto, pero ellos exprimirán a este el ultimo recuerdo para consolidar la ilegal presidencia de Grecia Quiroz. En su prisa no menoscaban la utilización de la rabia y de los jóvenes para lograr sus objetivos, no los de alguien que ya no está, que fue asesinado y ahora es claramente explotado por su misma gente.
Así, el crimen de Manzo —un político incómodo para muchos, un hombre que se atrevió a denunciar abiertamente a los grupos criminales que extorsionan a los productores de aguacate y limón— se convirtió en una pantomima de poder y manipulación. En su propio gabinete, entre los aliados y oportunistas, surgieron los mismos intereses que él combatía: figuras que se movían con el crimen, con los caciques locales y con la impunidad heredada desde los años del carnicero de Michoacán, Felipe Calderón.
El país parece condenado a repetir la tragedia: donde cae un hombre de palabra, asciende un poder ilegítimo; donde se derrama sangre, se escribe una nueva simulación. Michoacán, epicentro de la guerra fabricada por Estados Unidos y su alumno Calderón, sigue siendo el campo de ensayo del terror institucionalizado.
