Por: Ana María Garduño
Existen personajes que no regresan a la vida pública por nostalgia ni por amor a la patria, regresan porque el presente les estorba más que su turbio y despreciable pasado. Ernesto Zedillo Ponce de León es uno de ellos. Su megalomanía es tan grande que reaparece no para rendir cuentas, lo hace para reclamar autoridad moral en un país que no lo quiere, que sigue pagando su traición económica y las consecuencias fatídicas de su sexenio.
El Fobaproa, maquiavélicamente se escribió desde el poder y se responsabilizó al pueblo. no fue un error técnico ni una decisión inevitable: fue un robo legalizado, una elección política, un modelo neoliberal depredador impuesto desde los años 80 para privatizar todas las empresas públicas, liberar bancos, quitar controles, abrir la puerta al dinero fácil y cerrar los ojos a la corrupción. Zedillo decidió rescatar a la élite financiera mexicana para convertir sus deudas en deuda del pueblo, condenando así a generaciones y generaciones de mexicanos a pagar una deuda que no contrajeron.
De dónde viene esta catástrofe: en 1991–1992, Carlos Salinas de Gortari privatizó la banca para entregársela a sus amigos, a empresarios cercanos al poder, muchos sin experiencia bancaria, pero con excelentes conexiones políticas que les ayudaron a comprar los bancos con créditos del propio gobierno. O sea, que compraron los bancos sin dinero propio, fue con el dinero del pueblo. Entonces estos nuevos e inexpertos banqueros, de inmediato prestaron dinero a sus propias empresas, otorgaron créditos a amigos, inflaron negocios fantasmas, sacaron capitales, apostaron con el dinero del público. No cuidaron el ahorro de la gente y mucho menos actuaron como bancos responsables.
Cuando todo se vino abajo en 1994–1995, con la crisis del “error de diciembre”, los bancos quebraron. Y qué hizo el gobierno. Aquí está la infamia. En lugar de decir “Que paguen los que robaron, quebraron y saquearon”. Dijo: “Que pague el pueblo”. Zedillo activó el FOBAPROA que ya existía como fondo menor, lo convirtieron en una aspiradora de dinero público, apoyado cínicamente por Guillermo Ortiz, secretario de Hacienda, el Banco de México y el Congreso dominado por PRI y PAN. Todo fue empaquetado. levantaron la mano para blindar los nombres de todos los saqueadores. Así el secreto bancario fue la mordaza perfecta. A qué bancos salvó el FOBAPROA: a Banamex, a Bancomer, a Serfin, a Bancrecer; a Roberto Hernández, Alfredo Harp Helú, Garza Lagüera, Carlos Cabal Peniche y a una lista que nunca se transparentó completa. Todos ellos no perdieron un solo centavo, en cambio se enriquecieron inmensamente cuando vendieron sus bancos saneados por el Estado, haciendo fortunas globales. El Estado quebró; ellos no.
Qué hizo exactamente con el FOBAPROA el gobierno de Zedillo: tomó todas las deudas de los bancos, los créditos impagables de sus amigos empresarios que por supuestos eran préstamos fraudulentos, ingresaron deudas de negocios fallidos, hipotecas de lujo, hoteles, fábricas quebradas, negocios fantasmas. Salvó a los banqueros. Salvó a los empresarios irresponsables. Salvó a los amigos del régimen. Salvó a los saqueadores… Todo a cargo del país, de México entero”. Y a quién benefició: No hubo alguna contemplación hacía el pequeño ahorrador, al pueblo, al trabajador. Hubo obediencia al dogma neoliberal, el servilismo de Zedillo, mostró una gran sumisión a los intereses financieros nacionales. Los cómplices políticos, actuaron coordinadamente: el PRI lo impuso, el PAN lo legitimó. Vicente Fox, Felipe Calderón como legisladores que luego serían “oposición moral”. Todos votaron para convertir el FOBAPROA en deuda constitucionalizada y en el 2006 se convierte en IPAB. Por qué seguimos pagando esta infamia; porque esa deuda se metió al presupuesto para refinanciarse
Se pateó el futuro de nuestras generaciones con esta deuda odiosa, ilegítima, nacida del abuso, nos obligaron a los mexicanos que nada tenemos que ver a pagar anualmente los intereses de este grotesco robo. Nos domesticaron de tal forma, que nos resignamos a perder millones y millones de pesos que deberían ser asignados para mejorar la salud, educación, vivienda, bienestar, etcétera. El pueblo jamás debe olvidar ni perdonar esta deshonra, donde nunca se ha castigado a los culpables, porque el FOBAPROA no fue un rescate, fue un asalto, un traspaso de nuestra riqueza, una traición de Estado, un pacto entre políticos y banqueros
El pueblo no quebró los bancos. El pueblo no firmó esos créditos. El pueblo no especuló. Pero el pueblo pagó. Por eso duele. Porque no fue un error. Fue una decisión consciente. Fue un saqueo planeado. Fue la captura del Estado por el dinero. Mientras millones de familias perdían casas, negocios y patrimonio, los banqueros irresponsables fueron salvados con recursos públicos. No hubo consulta. No hubo justicia. No hubo vergüenza ni memoria. Hoy, la deuda sigue viva, el agravio también, pero… la memoria es resistencia.
Zedillo no sólo dejó deuda; dejó sangre, contrainsurgencia y silencio: Aguas Blancas. Acteal. El Charco. El Bosque. Desapariciones forzadas en Chiapas bajo una estrategia de contrainsurgencia. Esto lo vemos con la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabiliza al Estado mexicano por las desapariciones forzadas, ocurridas en aquel mefistofélico sexenio, que no es un asunto del pasado: es un recordatorio brutal de que la impunidad también es política pública. Zedillo nunca dio la cara. Nunca pidió perdón. Nunca asumió responsabilidad
Según informes oficiales de la época y testimonios recogidos en expedientes de la entonces PGR y del Instituto Nacional para el Combate contra las Drogas, la familia política de Zedillo, originaria de Colima, habría mantenido vínculos de negocios y comunicación con el cártel que dominó el tráfico de efedrina y metanfetaminas en los años noventa, justo cuando ese grupo criminal floreció como nunca. Cuando dichas interceptaciones telefónicas habrían llegado a oídos del alto mando militar y presidencial, la respuesta no fue investigar, fue sepultar. El general Jesús Gutiérrez Rebollo, entonces titular del INCD, terminó encarcelado y desacreditado; los expedientes fueron archivados; y la familia presidencial quedó intacta. No hubo juicios, no hubo aclaraciones públicas, no hubo rendición de cuentas. Eso no es ausencia de pruebas: es ejercicio brutal del poder para borrar huellas.
Después Zedillo entregó los ferrocarriles de México. La privatización de los ferrocarriles mexicanos no fue una política pública: fue un acto de despojo histórico, una vil entrega del territorio, una decisión política consciente, tomada desde el poder y a favor de unos cuantos. Hasta mediados de los años noventa, México contaba con Ferrocarriles Nacionales de México, una red pública de más de 22 000 kilómetros de vías férreas, construida durante décadas con recursos del pueblo. Esos rieles unían regiones, movían personas, articulaban la economía y garantizaban control territorial. Eran la columna vertebral del Estado mexicano. No un negocio.
Entre 1995 y 1998, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León decidió destruir esa columna. Bajo el dogma neoliberal de que “el Estado es ineficiente”, el sistema ferroviario fue fragmentado, concesionado y entregado a intereses privados, sin consulta popular, sin debate nacional y sin considerar el interés estratégico del país. Simplemente decidió desde el escritorio que México ya no necesitaba ferrocarriles públicos. La privatización no fue una venta transparente: fue una fragmentación calculada. El sistema ferroviario se dividió en grandes corredores regionales y se entregó a un puñado de grupos empresariales, muchos de ellos ya favorecidos anteriormente por el poder político y económico.
La entrega no fue pareja ni inocente. En 1998, tras una reforma constitucional al artículo 28 se permitió privatizar infraestructura estratégica. Con una sola firma, cedió las principales líneas ferroviarias del país a concesiones privadas por 20, 50 años o más. El corredor más grande, rentable y estratégico quedó en manos de Ferromex, controlado por Grupo México, propiedad de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país. En asociación con la empresa estadounidense Union Pacific, recibió miles de kilómetros de vías que cruzan el norte, el centro y el occidente del territorio nacional. El corredor más delicado, el del noreste, que conecta la ciudad de México con Monterrey y la frontera con Estados Unidos, fue entregado a Kansas City Southern de México, filial directa de una empresa ferroviaria estadounidense. No se trataba de un tramo menor: era la arteria del comercio exterior mexicano. cedió el control de su logística estratégica a capital extranjero.
El sureste ferroviario fue concedido al Ferrocarril del Sureste, inicialmente en manos de Grupo Tribasa, otro consorcio favorecido por la obra pública. Otros tramos fueron repartidos entre grupos empresariales nacionales. En total se entregaron en concesión aproximadamente 22 130 kilómetros de vía férrea. El resultado fue claro y brutal: más del 80 % de los ferrocarriles de México dejaron de ser del país y pasaron a manos privadas, bajo concesiones largas, blindadas y rentables. Así Zedillo decidió romper en mil pedazos este patrimonio nacional: el tren que podía mover a millones de mexicanos y unir a regiones enteras dejó de ser un servicio público para convertirse en negocio privado y exclusivo de carga. Las consecuencias no tardaron. El transporte de pasajeros fue abandonado casi por completo. Miles de trabajadores ferroviarios fueron despedidos. Comunidades quedaron aisladas. El ferrocarril dejó de servir al desarrollo nacional y pasó a servir exclusivamente a los intereses de grandes corporaciones. El Estado quedó reducido a espectador en su propio territorio.
No fue juzgado por la privatización. No fue investigado por conflicto de interés. No hubo juicio político. No hubo rendición de cuentas. Los ferrocarriles privatizados son una herida abierta. La historia es clara: el ferrocarril no se cayó, lo empujaron. Y entonces años después, ya fuera de la Presidencia, vino el premio para Ernesto Zedillo cuando atravesó la puerta giratoria: del despacho presidencial al consejo corporativo. Fue premiado con un asiento en el capital que ganó con la entrega de los rieles mexicanos. fue incorporado al consejo de administración de Union Pacific, la misma empresa estadounidense que se benefició directamente de las concesiones ferroviarias otorgadas durante su gobierno. El Estado perdió soberanía. El pueblo perdió patrimonio. Y México aún paga el costo de esa traición sobre rieles. Y hoy, ante cualquier incidente ferroviario, su nombre reaparece como veneno discursivo, no para ayudar, lo hace para desacreditar todo intento de reconstrucción de lo que él ayudó a destruir.
Hoy reaparece Ernesto Zedillo, no como estadista arrepentido, reaparece como símbolo vivo del cinismo neoliberal. Este pobre tipo propone una “auditoría internacional” al FOBAPROA no lo hace desde la autocrítica ni desde la verdad, lo hace desde el descaro absoluto: pretende equiparar su saqueo; el mayor saqueo financiero de la historia moderna de México, con sus deudas privadas convertidas en cadenas públicas, con las obras públicas impulsadas por la Cuarta Transformación y continuadas bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, un proyecto que apuesta por infraestructura, soberanía, integración territorial y desarrollo regional. Zedillo no busca esclarecer: busca confundir, relativizar y lavarse la cara. El ladrón nunca vuelve a la escena del crimen para confesar; vuelve para reescribir la historia.
Resulta obsceno escucharlo hablar de democracia. Zedillo impuso una nueva Suprema Corte, concentró el Consejo de la Judicatura, gobernó en medio de masacres impunes y jamás consultó al pueblo para las decisiones estructurales que marcaron generaciones. Para él y su bloque, democracia siempre significó que decidieran unos cuantos. Hoy, cuando el pueblo elige, cuando se atreve a votar incluso por el Poder Judicial, entonces, según Zedillo, “la democracia ha muerto”. No murió la democracia: murió el privilegio. Murió el país diseñado para no ser tocado por la voluntad popular.
Que el PRI de Alejandro Moreno y el PAN de Romero, salgan a defenderlo no sorprende: se defienden a sí mismos. Defienden el fraude, la privatización, la deuda eterna, la criminalización de la protesta y el gobierno para minorías. Acusan autoritarismo mientras justifican a un expresidente que jamás preguntó al pueblo y que hoy vive lejos del país al que dice amar. Zedillo puede escribir en revistas extranjeras, dar entrevistas a medios de élite y fungir como vocero del PRIAN, pero hay algo que no puede borrar: el juicio del pueblo de México. Un pueblo que recuerda, que sigue pagando la deuda que él impuso, que vio desaparecer trenes, derechos y vidas, y que hoy decide elegir, participar y reconstruir. Zedillo no regresa por amor a la democracia: regresa porque la democracia popular lo desnudó. Y por eso grita. Y por eso miente. Y por eso se enfurece.
