Por: Ana María Garduño
En las últimas semanas México ha sido testigo de una violencia que hiere la carne del país, y que pretende amputar su dignidad. El asesinato artero del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante una celebración pública, estremeció a una nación que ya carga demasiadas muertes; su crimen desencadenó una ola de indignación que, lamentablemente, fue aprovechada por fuerzas oscuras para sembrar el caos y la destrucción.
Las protestas que brotaron del dolor ciudadano han sido, en muchos casos, legítimas y necesarias. Pero legítima no es la quema del patrimonio público ni el saqueo; legítima no es la violencia que neutraliza la posibilidad de justicia. El incendio del Palacio de Gobierno de Michoacán, y del Palacio Municipal de Apatzingán, es un episodio que deja en evidencia la profundidad del enojo social y, a la vez, la acción de quienes buscan el caos. Estos actos no son la voz del pueblo: es la coartada del sabotaje.
No podemos permitir que la protesta se convierta en parapeto para la anarquía. Las primeras investigaciones y las detenciones tras los disturbios muestran que hay grupos organizados, “grupos de choque” que se infiltran en movilizaciones y que transforman la justa rabia en terrorismo urbano. Identificarlos y sancionarlos es una obligación del Estado y un deber moral con las víctimas.
Hay otra arista que exige palabras claras: la estrategia de desestabilización. No es novedad que intereses extranjeros (políticos, mediáticos y geoestratégicos) se benefician del desorden ajeno. En el contexto internacional actual, con una administración de Estados Unidos dispuesta a calificar y a combatir a organizaciones delictivas con herramientas militares y de seguridad, cualquier fisura interna puede abrir la puerta a presiones, sanciones o, en casos extremos, a movimientos que pretendan “ayudar” bajo la excusa de restablecer el orden. No podemos obviar esos riesgos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado la violencia y ha anunciado medidas para atender la crisis en Michoacán, incluyendo un plan de seguridad que busca atender las causas profundas del conflicto y reforzar la acción institucional. Esa postura, de combinar justicia, prevención y respeto a los derechos humanos, es respetable y, en esencia, correcta. Pero respeto no es sinónimo de tolerancia ilimitada. Cuando la tolerancia se convierte en omisión frente al sabotaje, la paciencia popular se agota y el país se torna vulnerable.
Debemos llamar las cosas por su nombre: el vandalismo no es manifestación. Es crimen. Y quienes se ocultan tras las marchas, pretenden explotar la movilización de jóvenes y manipular a una generaciones, pretenden usar la rabia para estigmatizar a la Generación Z o la de cualquier otra juventud como pólvora, para provocar incendios en sedes del Estado es una práctica sin moral que debemos denunciar y frenar con todas las herramientas del Estado de derecho. Los jóvenes merecen educación cívica, oportunidades reales y la protección de su futuro; no ser peones en planes diseñados por quienes buscan incendiar la casa común.
A la sociedad le corresponde vigilar, y exigir que la protesta permanezca en marcos pacíficos y que toda violencia sea perseguida y castigada. A la prensa le toca investigar con rigor y no normalizar la barbarie. A los partidos políticos les corresponde dejar de alimentar rumores y de propagar mentiras que erosionan la confianza colectiva. Y a las autoridades judiciales y de seguridad les compete actuar con prontitud: investigar, detener, imputar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los desmanes.
Y a usted, señora presidenta: actúe. La línea entre firmeza democrática y autoritarismo se traza con la justicia y con la ley aplicada con transparencia. No permita que continue la difamación no le tema a que la etiqueta de “represora” le impida cumplir con su deber primordial: salvaguardar la paz y la integridad de México. Aplicar la ley contra quienes incendiaron palacios, quienes asesinaron a nuestras autoridades y quienes manipulan a la juventud no es ser represora; es ser la guardiana de la nación que usted juró proteger.
No dé al exterior ni a quienes conspiran en la sombra el pretexto que anhelan. No otorgue a voces foráneas, que miran con codicia las fracturas internas, la posibilidad de convertir nuestras heridas en su botín geopolítico. México recuperó dignidad en los últimos siete años, porque hubo decisión de poner el interés nacional por encima de los cálculos mezquinos. Esa dignidad hoy exige medidas claras: investigación inmediata, justicia para las víctimas, protección a las comunidades, prevención social y sanción ejemplar a los instigadores del caos.
No podemos seguir tolerando que la protesta se vuelva sinónimo de destrucción. No podemos seguir viendo cómo la indignación legítima es secuestrada por quienes buscan arrancar de raíz la esperanza. México merece paz con justicia, no impunidad para los incendiarios del país. Y la primera autoridad de la República debe saber que el pueblo —cansado, vigilante y soberano— exige acción.
Que se aplique la ley. Que se defienda la paz. Que nadie use la furia de nuestros jóvenes como combustible de una guerra que no es la suya.
