Por: Ana María Garduño
El perdón fiscal del siglo, se da en un país donde se castiga al que fuma, al que toma refresco o al que compra un sueros para hidratarse, para reponerse del esfuerzo en el deporte de alto rendimiento, o para el que lo toma para recuperarse después del gimnasio. Ahora en México la Cámara de Diputados decidió premiar a los verdaderos adictos: a los adictos al dinero.
Mientras se discuten aumentos al IEPS sobre refrescos, bebidas azucaradas, cigarros y sueros, los legisladores aprobaron —bajo la mano negociadora del presidente de la Cámara, Ricardo Monreal Ávila— una condonación fiscal de más de 180 mil millones de pesos a las aseguradoras que operan en México.
La “negociación” fue presentada como un acuerdo entre Hacienda y las aseguradoras para cerrar juicios fiscales. En la práctica, es un perdón masivo e inconstitucional, porque viola el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, así como la prohibición de condonaciones establecida en el artículo 28.
El pueblo está obligado a contribuir “de manera proporcional y equitativa”, pero el Congreso decidió que las corporaciones no son pueblo.
Monreal, el gestor de esta linda indulgencia fiscal: Ricardo Monreal Ávila, autoproclamado defensor de la “justicia fiscal”, fue el intermediario directo de este acuerdo. Bajo su gestión, el dictamen de la Ley de Ingresos 2026 incluyó un transitorio que perdona los adeudos a las aseguradoras si éstas desisten de sus juicios contra el SAT.
¿Resultado? Ellas pagaran una fracción mínima de 20 mil millones en pequeñísimos y cómodos pagos y el resto —unos 160 mil millones de pesos— se esfuma.
La maniobra fue avalada sin debate público, en fast-track legislativo. Donde el discurso de Monreal, tan solemne como vacío, pretende venderlo al pueblo como “orden fiscal” cuando en realidad fue un rescate corporativo disfrazado de reforma.
En otras palabras: el Congreso se convirtió en una agencia de condonaciones para millonarios.
Con este doble rasero de la moral fiscal, el mismo Congreso aprueba aumentos desmedidos al IEPS sobre refrescos, bebidas energéticas, cigarros y productos de consumo cotidiano. Dicen que es “por la salud de los mexicanos”. Pero si de salud se tratara, ¿por qué no imponen impuestos ejemplares a las mineras que envenenan los ríos con metales pesados?, ¿Por qué no gravan a las trasnacionales agroquímicas que saturan los campos con glifosato y fungicidas prohibidos en Europa?, ¿Por qué no se aplica el mismo rigor a las fábricas que expulsan toneladas de plomo y monóxido de carbono al aire todos los días, matando lentamente a las comunidades vecinas?
No: A ellas se les agradece con estímulos, subsidios y condonaciones. Y al pueblo —ese que compra un refresco en el descanso o un cigarro después del turno— se le castiga con impuestos “para cuidarlo”. En el gobierno de Sheinbaum, ahora vemos una república invertida con este mensaje político tan cínico y transparente: “Si destruyes el planeta, te perdonamos; si eres pobre, tomas refresco y fumas, te cobramos.”
En la lógica de los diputados, los “pecados del pueblo” merecen castigo fiscal, pero los delitos ambientales y financieros de las corporaciones se pagan con aplausos legislativos. Las aseguradoras son las nuevas vírgenes fiscales del infierno corporativo: cobran IVA, especulan con pólizas y niegan pagos justos a los asegurados, pero reciben la bendición de la Cámara como si fueran benefactoras públicas. Las víctimas que demandan a una aseguradora suelen enfrentarse a juicios eternos, a abogados pagados para cansarlos, a valuaciones ridículas y a indemnizaciones que insultan la dignidad humana. Pero los diputados no los ven, no los escuchan, no legislan para ellos.
Si hablamos del fundamento jurídico del agravio, la condonación a las aseguradoras no sólo es inmoral, es anticonstitucional. El artículo 31, fracción IV: obliga a todos a contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público, el artículo 28: prohíbe expresamente las condonaciones fiscales injustificadas. Principio republicano: toda ley debe servir al interés general, no a un grupo de poder. Conceder beneficios fiscales a un puñado de corporaciones mientras se incrementan los impuestos al consumo masivo es una violación directa a la igualdad ante la ley.
El Congreso no puede otorgar privilegios financieros a empresas privadas sin romper el equilibrio constitucional.
Conclusión — El cinismo institucionalizado:
• En la nueva moral de la Cámara, el ciudadano es culpable por existir: paga impuestos, paga IVA, paga IEPS, paga aire.
• Las aseguradoras, las mineras, las agroquímicas y las grandes fábricas, en cambio, son inocentes: contaminan, eluden, destruyen… y se les perdona.
• En ese juego, la justicia fiscal queda en letra muerta.
Las ironías de un país surrealista las marca claramente la cámara de diputados con sus excelentes iniciativas de ley: Paradójicamente, el nuevo impuesto al tabaco podría convertir a la marijuana en la opción económica del pueblo, de los jóvenes, ya que, si una cajetilla de cigarros podría costar entre 200 o 300 pesos, con sólo 50 pesos de marijuana, el pueblo o un joven podría fumar toda la semana. Así de absurdo es el cálculo moral por la salud del Congreso:
“Fumar es malo… pero si no puedes pagar cigarros, busca otra hierba”.
El pueblo no necesita que le suban impuestos “por su salud”, necesita que los poderosos paguen lo que deben. Y si el Congreso sigue legislando para los millonarios, llegará el día en que el pueblo —ya sin cigarros, sin agua limpia y sin paciencia— cobre con la única moneda que le queda: la justicia social.
