Por: Ana María Garduño.
Hay una razón adicional, y profundamente delicada, por la que Omar García Harfuch no puede permitirse flaquezas, ni discursivas ni estratégicas. Su pasado institucional, particularmente su paso por áreas de seguridad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, siempre será utilizado por sus detractores como un flanco de ataque. Ayotzinapa no es un expediente cerrado en la memoria colectiva del país. Es una herida histórica que sigue marcando a todos los que formaron parte de aquel aparato de Estado, aun cuando no exista imputación directa ni responsabilidad penal comprobada. En aquel contexto, Harfuch fue vinculado mediáticamente por encomienda, con el entramado de seguridad del peñismo y, por extensión, con la figura de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos. Esa asociación, justa o no, siempre volverá. No porque esté sustentada jurídicamente, será porque en política las sombras no se disipan con silencios, se disipan con conductas irreprochables, trabajo y decisiones contundentes.
Por eso, hoy que incluso sectores, periodista y ciudadanos que dudaban de Harfuch le han otorgado el beneficio de la duda, ese capital político debe cuidarse con precisión quirúrgica. No se lo ha ganado con discursos, se lo ha ganado con resultados: golpes certeros a estructuras criminales, inteligencia operativa, coordinación efectiva y una eficacia que ha sido imposible de ignorar. Tan contundente ha sido su desempeño que, en los hechos, ha dejado en evidencia la mediocridad estructural del modelo de seguridad estadounidense, incapaz de ofrecer resultados comparables pese a sus presupuestos, tecnología y discurso hegemónico. Precisamente por esto, no puede permitirse concesiones ambiguas. Cerrar líneas de investigación o deslindar apresuradamente estructuras sindicales señaladas reiteradamente por prácticas de extorsión. Esto no lo protege: lo expone. Alimenta narrativas que buscan regresarlo al pasado del que hoy, con hechos, se ha ido distanciando.
La advertencia es clara y no es hostil: Harfuch no necesita apoyo de estructuras corporativas ni alianzas opacas. Su legitimidad radica en el pueblo y en sus resultados. Cualquier gesto que parezca cálculo político frente a poderes fácticos, sobre todo sindicales, debilitará la coherencia que hoy lo fortalece. Sabemos lo que ocurre cuando el Estado tolera intermediarios “útiles”. López Obrador lo entendió y levantó diques. Hoy, la responsabilidad institucional exige combatir a los operadores criminales, y rastrear por completo a las estructuras que los cobijan. En un país marcado por el antecedente de Ayotzinapa y por García Luna, no hay margen para deslindar ni para medias verdades. El trabajo de inteligencia debe hacerse a fondo y sin medias tintas, sin deslindes parciales ni sombras heredadas: porque el deslinde lastima y ofende la inteligencia del pueblo.
Harfuch, se encuentra ante la prueba estructural del Estado. El problema no es la detención de Édgar “El Limones”. El problema es lo que ocurre después. Cuando un operador sindical con presencia pública, cargos reconocidos y participación reiterada dentro de una central obrera es presentado como un delincuente que actuaba “a título personal”, el Estado tiene la obligación de formular una pregunta incómoda pero indispensable:
¿qué estructura lo cobijó, lo proyectó y le permitió operar territorialmente?
El deslinde inmediato entre la persona y la organización puede ser jurídicamente útil, pero políticamente resulta insuficiente cuando existen antecedentes, denuncias reiteradas y registros públicos, videos, fotografías, ruedas de prensa, conferencias, que muestran una relación orgánica. La CATEM no es una sigla neutra. Es una central obrera que ha sido señalada en múltiples regiones del país por prácticas de extorsión, presión empresarial y control territorial. Fingir que uno de sus coordinadores actuaba en el vacío no fortalece al Estado: lo debilita. Aquí no se está dictando una sentencia. Se está exigiendo coherencia institucional. Porque deslindar penalmente a un individuo no obliga a deslindar políticamente a la estructura que lo hizo visible, funcional y operativo.
Recordemos que el sindicalismo, fue una grandísima factura que el pueblo de México, tuvo que pagar. Ya conocemos este camino, lo conocemos demasiado bien. Durante décadas, estructuras supuestamente legales, empresas, sindicatos, asociaciones, funcionaron como fachadas del crimen organizado, como plataformas de intermediación entre dinero público, poder político y redes delictivas. El caso de Genaro García Luna no fue una anomalía: fue la culminación de un modelo de Estado capturado, donde las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República documentaron cómo, bajo el auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar obtuvo al menos 30 contratos con órganos de seguridad pública, extrayendo del erario mexicano 745.9 millones de dólares, recursos que fueron triangulados mediante paraísos fiscales y utilizados para adquirir propiedades y bienes en Estados Unidos. No fue improvisación: fue un sistema que operó durante más de veinte años, incluso cuando García Luna ya no era servidor público.
Las 61 órdenes de aprehensión, que incluyen familiares, empresarios, prestanombres y operadores financieros, muestran algo fundamental: el crimen de Estado no opera sólo con individuos, opera con estructuras legales que dan apariencia de normalidad. Empresas de seguridad, contratos públicos, sindicatos, asociaciones: la fachada es siempre la misma. Por eso este antecedente no es decorativo. Es central. Porque cuando hoy se minimiza el vínculo estructural entre un operador sindical y una central obrera denunciada por extorsión, se enciende una alerta histórica que el país no puede ignorar. Harfuch, no puede permitirse, cargar con esta sombra. Carga, que quiera o no, es heredada. Su paso por instituciones de seguridad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y el contexto de Ayotzinapa siempre serán utilizados por sus detractores como un flanco de ataque. No porque exista una imputación directa, será porque en política las sombras no se borran con silencios, se disipan con conductas irreprochables y decisiones firmes. Durante años, intentaron vincularlo con el grupo de García Luna. Hoy, ese mismo García Luna está preso, su red fue documentada, desmantelada y llevada a tribunales nacionales e internacionales. Esa historia marca una frontera clara: no hay margen para medias verdades ni deslindes cómodos.
Paradójicamente, Harfuch se ha ganado algo que parecía imposible: el apoyo entre sectores que antes desconfiaban de él. Precisamente por eso, no puede flaquear ahora. No necesita estructuras corporativas. No necesita sindicatos. No necesita intermediarios. Su legitimidad proviene del desempeño y del respaldo social que ese desempeño ha generado. No puede permitir bajo ningún termino que permee en su trabajo y resultados la guerra sucia, la ficción y el uso político del pasado
Las gárgolas del caos, no descansan, su sincronización aparece como aves de rapiña que se lanzan al vacío por su presa, en cada entrega de resultados, la cuestión es lo putrefacto, el ataque crudo y despiadado, esparcir el tufo asqueroso de la mentira y la manipulación, sin importar si se aportan o no documentos, pruebas ni sentencias, sólo ficción relatos, adjetivos y descalificaciones personales. El caso de Anabel Hernández es ilustrativo: años de acusaciones, “expedientes secretos”, testigos anónimos, supuestos informes nunca judicializados y narrativas de ficción que han terminado más en tribunales civiles o penales cuando la han demandado. Esto no exonera a nadie. Pero tampoco sustituye al Estado de derecho. La crítica basada en ficción, sin respaldo documental verificable, no es periodismo de investigación: es guerra política.
Y justo por eso, Harfuch no debe ofrecer flancos innecesarios. Cada deslinde incompleto, cada línea de investigación que parece cerrarse antes de tiempo, alimenta narrativas que buscan regresarlo a un pasado del que hoy, con hechos, se ha distanciado.
Entonces la advertencia se vuelve necesaria: el caso de “El Limones” no es un asunto menor ni aislado, es una prueba estructural, porque ha sido señalado reiteradamente por varios delitos criminales y su concatenación con la Catem, se vuelve irremediablemente en seguimiento no en deslinde, porque es obligación del Estado no proteger siglas ni deslindar rápido: es seguir el rastro completo. La advertencia es clara, directa y necesaria: combatir al crimen organizado exige ir más allá de los individuos y desmontar las estructuras que lo hacen posible. No hacerlo no protege al Estado; lo expone.
En un país marcado por Ayotzinapa y por García Luna, no hay espacio para deslindes parciales. Harfuch tiene una oportunidad histórica: demostrar que su combate es total, sin excepciones, sin concesiones y sin cálculo frente a poderes fácticos. El pueblo no le exige perfección. Le exige coherencia. La historia ya enseñó el costo de ignorar estas señales. Repetirla sería imperdonable.
“Harfuch, nuestro Chilam Balam, estás llamado a perseguir criminales, a romper con todas las estructuras que contaminan al pueblo, a no administrarlas en silencio, y a advertirle al poder de sus propias sombras. La eficacia que no rompe éticamente con las estructuras corruptas sólo administra el daño. Si el futuro te observa, es porque el presente te exige nombrar lo que otros prefieren callar: ninguna estructura manchada puede ser aliada de la justicia. El pueblo te concede el beneficio de la duda una sola vez; la historia, no te dará ninguna si fallas.”
