El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, abrió un terremoto político que nadie en Michoacán parece querer nombrar, pero que está ahí, palpable, evidente, como una sombra que se niega a disiparse. Y en el epicentro de esa sombra aparecen dos figuras que, lejos de mostrar el duelo natural ante una tragedia de este tamaño, se movieron con una sincronía y rapidez sospechosa: Grecia Quiroz, la viuda convertida en alcaldesa sin votación popular, y Carlos Bautista Tafolla, el diputado independiente que ha hecho de la muerte de su supuesto “mejor amigo” su plataforma nacional para proyectarse.
En un escenario normal, la pérdida de un esposo y líder comunitario habría sumido a su esposa, como le sucedió al pueblo, en el silencio, la prudencia y el respeto. Pero aquí ocurrió lo contrario. A pocas horas del asesinato, la viuda fue presentada como la candidata “natural” para ocupar el cargo, sin pasar por el voto ciudadano, sin consultar al pueblo, sin que la síndico municipal asumiera —como marca la ley— la presidencia provisional. La transición se dio de forma exprés, silenciosa, casi quirúrgica. Y, sobre todo, perfectamente funcional para quienes necesitaban llenar el vacío político.
Grecia Quiroz no llegó al cargo de la mano del pueblo: llegó tomada del brazo del diputado Carlos Bautista, quien desde el primer instante se colocó a su diestra como su sombra, su vocero y su protector. No hay duelo en esa imagen. No hay fragilidad. No hay retraimiento. Hay estrategia.
Mientras la viuda como una Emperatriz ordena y habla ante la prensa sobre lo que “ella quiere” y lo que “ella no quiere”, que hasta la estrategia de seguridad en el Plan Michoacán quiere ordenar y condicionar, como si el municipio fuera propiedad privada heredada por testamento. Bautista inició una ofensiva mediática como pocas veces se ha visto. Lloró frente a las cámaras en el entierro, se convirtió en el rostro del dolor público, denunció que le hicieron amenazas de muerte que no quiso precisar, y al mismo tiempo realizó un giro político calculado: apropiarse del muerto para convertirse en el líder moral de la causa.
El diputado que en abril se grababa enfrentando policías para recuperar autobuses usados por grupos de choque que ocasionaron vandalismo y agresiones —relacionados con el sabotaje a un evento de Morena— ahora se muestra como un mártir viviente, como el sobreviviente de una conspiración que él mismo narra, sin pruebas, pero con una precisión discursiva que delata más un manual político que un sentimiento humano.
En la toma de protesta de Quiroz, Bautista sentenció que la muerte de Manzo “fue una ejecución anunciada”. Una frase demasiado perfecta, demasiado útil, demasiado oportuna. Y acto seguido, responsabilizó a la Federación, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de no haber recibido a Manzo, y afirmó que su silencio “tiene nombre y apellido”. No lloraba: actuaba. No denunciaba: construía una narrativa. No acompañaba a la viuda: la posicionaba y se posicionaba a sí mismo.
Porque en política, quien repite primero la versión de los hechos suele ser quien obtiene el control del relato.
Todo en la conducta del diputado encaja en el perfil del beneficiario inmediato de la tragedia. Su cercanía exagerada a la viuda, sus giras mediáticas, su súbito protagonismo nacional, su insistencia en convertirse en “heredero moral” del movimiento del sombrero, sus declaraciones sin sustento, su intento explícito de usar el cadáver de Manzo como plataforma, y su pasado rodeado de operadores violentos lo colocan en un punto incómodo para cualquier investigador serio.
Mientras tanto, Grecia Quiroz —la autoproclamada nueva voz del movimiento— ordena qué se hace y qué no se hace en el municipio, quién representa el legado de su esposo y quién no. Ni ella ni Bautista demuestran el duelo. Los dos asumen como si la muerte hubiera sido una transición esperada. Como si el golpe, en lugar de derrumbarlos, les hubiera abierto las puertas de la fama.
En un asesinato político, siempre se busca movilidad, interés y beneficio. Y aquí, los únicos que avanzaron inmediatamente tras la muerte de Manzo fueron ellos.
La pregunta, entonces, no es quién apretó el gatillo. Eso lo responderán —si quieren— las instituciones.
La pregunta real es otra:
¿Quién ganó más con la muerte del Alcalde?
¿Y por qué quienes dicen amarlo son precisamente quienes más se benefician con su ausencia?
Este artículo no acusa. Este artículo observa. Y cuando uno observa con cuidado, la historia siempre se cuenta sola.
En la noche del asesinato, la sombra policial detrás del crimen de Manzo se evidencía. No fue un golpe político: fue un acto quirúrgicamente ejecutado en un entorno donde los únicos que conocían los movimientos exactos del alcalde eran sus propios guardias. Y es precisamente ahí donde aparece la grieta más profunda, la más sospechosa, la que ningún vocero ni autoridad alguna a evidenciado: la actuación irregular, incoherente y posiblemente incriminatoria de la policía a cargo de su seguridad.
Desde días antes del ataque, Manzo había recibido apoyo federal para su protección. Y aunque acepto a una docena de la Guardia Nacional, no los quiso cerca de él, pero si acepto los vehículos, rechazó trabajar directamente con los elementos asignados por la federación. Eligió, según el propio diputado Carlos Bautista, a 10 guardias de policía de su confianza. Diez. Una escolta suficiente para blindar prácticamente cualquier perímetro. Increíblemente, la noche del asesinato, en el Festival de las Velas, sólo dos policías estaban cerca de él. Los demás estaban dispersos, fuera de posición, inútiles en el momento decisivo. No es una coincidencia: es un patrón.
Tres veces —tres— sus propios guardias lo regresaron al mismo punto donde finalmente fue ultimado. Ningún equipo serio de seguridad comete ese error de forma accidental. Ningún escolta profesional repite un movimiento que compromete al protegido. A menos que el error no sea error.
El atacante —un joven de apenas 17 años— se acercó, disparó siete veces y fue capturado en el lugar de los hechos. Lo que ocurrió después supera lo usual, lo lógico y lo éticamente explicable. Uno de los policías de la escolta sometió al joven… y después él mismo le disparó a quemarropa. El supuesto agresor ya estaba detenido. Ya no representaba peligro alguno. Y aun así fue ejecutado sumariamente, en el acto. ¿Por qué? ¿Para callarlo? ¿Para evitar que nombrara a quien realmente le dio el arma? ¿Para impedir que revelara quién lo llevó, quién lo instruyó o quién lo usó?
Después vino lo más grotesco: el cuerpo del muchacho fue arrastrado, desnudado de la cintura para arriba, fotografiado por los mismos policías, y esas imágenes filtradas como si fueran parte del “trabajo” policial. La escena fue contaminada, manipulada y expuesta como espectáculo. No parece un protocolo: parece un mensaje.
Las dudas que emergen son legítimas: son inevitables. ¿Cómo sabemos que ese joven disparó el arma? ¿Cómo confiar en un peritaje cuando los mismos policías que debían proteger a Manzo se dedicaron a destruir la escena, mover el cadáver, encubrir evidencia y construir un relato visual para consumo mediático?
La Fiscalía afirmó que la pistola usada ya estaba vinculada a dos asesinatos previos. Pero si esa arma estaba ya registrada en investigaciones anteriores, entonces la pregunta es obligatoria:
¿Por qué estaba en manos del supuesto agresor y no bajo resguardo de la Fiscalía?
La respuesta es brutalmente simple: porque alguien la sacó, alguien la entregó, alguien la usó.
Y “ese alguien” no es un muchacho de 17 años.
Aún más revelador es lo que ocurrió después del espectáculo:
dos jóvenes más, ambos presuntamente implicados, aparecieron muertos días después. Uno tenía 16 años. ¿Casualidad? ¿Venganza? ¿Limpieza de testigos? ¿Encubrimiento policial?
Cada cuerpo desaparecido, cada testigo silenciado, fortalece la hipótesis más incómoda:
que el asesinato de Manzo fue una operación facilitada —o directamente ejecutada— por actores dentro del aparato de seguridad municipal.
Demasiadas fallas para ser fallas.
Demasiados muertos para ser coincidencias.
Demasiada prisa en imponer una versión para ser verdad.
Manzo murió en la única franja del evento donde su guardia lo dejó expuesto. Murió en un punto controlado por los mismos policías que lo regresaron tres veces al sitio de riesgo. Murió cuando sólo dos de sus diez escoltas estaban presentes. Murió tras recibir “protección” que él no pidió y una guardia que no confió en la Federación. Murió para abrir paso político a quienes hoy ocupan su sombra.
Y mientras los jóvenes implicados aparecen ejecutados en carreteras, la viuda asciende sin votación, el diputado viaja por el país explotando el cadáver, y los policías responsables de la escena actúan como si nada.
En un crimen así, la pregunta no es quién disparó.
La pregunta es:
¿Quién organizó el escenario para que ese disparo ocurriera…
y quién se está asegurando de borrar a todos los supuestos implicados?
