Por: Ana María Garduño.
En México enfrentamos un problema que amenaza directamente la percepción de la realidad y el funcionamiento mismo de la democracia: la mayoría de los medios de comunicación privados operan como instrumentos de manipulación política y económica, diseñados para servir a intereses de élite. Televisoras, radios, periódicos y plataformas digitales no funcionan como contrapesos del poder, funcionan como aparatos de reproducción ideológica, donde la información se fragmenta, se deforma o se falsifica deliberadamente. La población recibe una lluvia estridente de mensajes que no informan: confunden, desgastan y distorsionan, insertando narrativas diseñadas para condicionar el pensamiento colectivo.
La mediocridad de la televisión mexicana se ha normalizado. No se trata de errores aislados, son un modelo comunicativo: mensajes selectivos, agendas parciales, silencios estratégicos y énfasis fabricados. La saturación informativa no amplía la libertad de pensamiento; al contrario, la asfixia. La sobreexposición a contenidos manipulados impide que la ciudadanía construya una opinión crítica, libre y fundada.
Frente a este escenario, México no carece de alternativas: carece de decisión política. El país necesita una contraparte real: medios de comunicación que no se limiten a reflejar los intereses de los poderosos, deben de ejercer un periodismo verdadero, incómodo, oportuno y verificable. Estos medios deben convertirse en espacios de análisis riguroso, transparencia y crítica genuina. No pueden seguir siendo refugio de los mismos periodistas de siempre, muchas veces vinculados directa o indirectamente a los grupos de poder. Apostar por líderes de opinión auténticos no es un gesto estético: es una condición para recuperar la confianza pública.
El Estado mexicano sí tiene herramientas, pero no las utiliza con la contundencia necesaria. Debe invertir de manera decidida para crear ecosistemas mediáticos equilibrados y de calidad. No para administrar silencios, deben ser para detener la avalancha de desinformación y ofrecer a la población herramientas reales para pensar, decidir y actuar con libertad. La construcción de medios públicos fuertes no es un lujo cultural: es una necesidad histórica y democrática.
México enfrenta un problema grave de sobreinformación malintencionada. La mayoría de los medios privados están controlados por intereses corporativos, muchas veces extranjeros, financieros o políticos, que saturan a la ciudadanía con mensajes parciales, manipulados o abiertamente falsos. Frente a esta avalancha, el Estado posee una herramienta que no ha sabido, o no ha querido utilizar plenamente: los medios públicos.
Televisión estatal, radios públicas, canales federales y multiprogramación: México cuenta con decenas de frecuencias y señales. El problema no es la falta de medios, es su invisibilidad política y comunicativa. Estos espacios no brillan, no marcan agenda, no disputan narrativa. Sus contenidos suelen ser rutinarios, burocráticos o excesivamente prudentes. En lugar de funcionar como contrapeso frente a la manipulación privada, terminan diluidos ante los gigantes mediáticos que sí entienden que la comunicación es poder.
Por qué ocurre esto. No es por subfinanciamiento o mala administración, es por su miedo al conflicto. Los medios públicos han sido atrapados en una lógica paralizante: decir la verdad implica ser acusados de propaganda. Esta trampa ha producido un efecto devastador: la renuncia a disputar el espacio público. Se ha confundido independencia con silencio, neutralidad con pasividad, institucionalidad con irrelevancia. Revitalizar los medios públicos exige romper con ese modelo. No basta con infraestructura; se necesita decisión editorial:
- Invertir en calidad y autonomía real.
- Contratar comunicadores y periodistas con trayectoria, credibilidad social y capacidad de confrontación.
- Evitar el reciclaje de figuras desgastadas o cercanas al poder.
- Garantizar rigor, transparencia y ética profesional.
- Modernizar cobertura, plataformas digitales, redes sociales y transmisión en tiempo real con estrategia competitiva.
- Crear contenidos relevantes: investigación, análisis, debate, cultura ciudadana y educación política.
Los medios públicos deben abordar los temas que los medios privados ignoran o manipulan: transparencia, derechos, historia crítica, problemáticas locales. Deben conectar con la ciudadanía, abrir espacios de participación, colaborar con universidades, organizaciones civiles y organismos independientes. Y, sobre todo, deben blindar su financiamiento con mecanismos claros, auditables y estables, para no depender de la publicidad oficial que condiciona contenidos.
México no tiene un déficit de medios: tiene un déficit de audacia, visión y convicción. Los medios públicos no logran enfrentar la desinformación porque la verdad está sitiada. Los medios privados apuestan por la mentira organizada, amplificada con presupuestos nacionales y extranjeros, infraestructura, voceros y sincronización narrativa. No se trata de opiniones dispersas, se trata de operaciones mediáticas coordinadas, diseñadas para sembrar miedo, fabricar escándalos y dominar el espacio público. El problema no es que mientan; el problema es que se les ha dejado impunemente todo el campo.
Frente a este escenario, el Estado mexicano sí tiene medios. Canal Once, Canal 22, Canal Catorce, radios públicas y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Hoy el problema de su existencia, es su ineficacia como contrapeso real. Canal Once, pese a su prestigio histórico y vocación educativa, ha perdido impacto y liderazgo. No marca agenda, no disputa narrativa, no encabeza la conversación pública.
No es por falta de recursos técnicos, es por ausencia de estrategia política y comunicativa. Durante la administración de Genaro Villamil al frente del SPR, se apostó por ampliar cobertura y multiprogramación. En términos estructurales, el sistema creció. Pero el crecimiento técnico no se tradujo en liderazgo informativo. Se construyó una red de distribución, no un centro de producción periodística con músculo narrativo.
Se privilegió la prudencia institucional, el tono cauteloso, la neutralidad excesiva. En un país inundado de desinformación, esa prudencia se convirtió en silencio estratégico. El resultado fue una credibilidad frágil y una incapacidad para enfrentar la mentira viral, la nota falsa amplificada y la operación mediática sincronizada, que hoy constituyen el verdadero campo de batalla.
Cuando un medio público o independiente se atreve a desmentir una mentira ya viralizada, la reacción es inmediata y coordinada. Los grandes medios privados responden al unísono:
— “Defienden al gobierno.”
— “Son voceros de Morena.”
— “Están manipulados.”
No importa la evidencia. No importan los datos. La acusación funciona como arma preventiva. El objetivo no es debatir la verdad, debe ser anular al que la dice. Así, la mentira queda impune y el desmentido bajo sospecha. Por eso, los medios públicos deben romper el cerco. Construir autoridad moral sostenida. Blindar su independencia editorial con hechos, no discursos. Crear consejos ciudadanos reales, nombramientos por trayectoria y credibilidad social, no por afinidad política. Formar nuevas figuras periodísticas. Apostar por voces jóvenes, académicas, regionales, con arraigo y legitimidad.
El periodismo es velocidad, narrativa y presencia digital. No solo corrección institucional. Menos comunicados, más investigación. Más contraste de fuentes. Más explicación clara. Más valentía. La neutralidad frente a la mentira no es imparcialidad: es rendición. Y hoy, más que nunca, México necesita medios públicos que no pidan disculpas por informar con rigor, aunque incomoden a quienes han hecho del engaño su negocio.
Las élites que perdieron el poder ya no asustan como antes, pero no son inofensivas. Cuando dejan de mandar, apuestan por el ruido, la confusión y el desgaste como última carta. De ahí la importancia de no bajar la guardia. Nombrarlos, entender sus métodos y reconocer sus viejas tácticas es parte de la defensa democrática. La conciencia ciudadana ha aprendido a leer el poder. Ya no se deja engañar con facilidad. Pero debe estar preparada para el último intento de quienes no saben vivir sin mandar.
El mayor obstáculo para enfrentar la desinformación no es el poder de los medios privados, es la timidez del propio Estado. Un Estado que gobierna con miedo al señalamiento, que prefiere la cautela al conflicto y el silencio a la verdad, termina entregando el espacio público a quienes no dudan en mentir. El temor a ser llamado “autoritario”, “tirano” o “propagandista” ha paralizado a instituciones que deberían asumir, sin complejos, que defender la verdad también es ejercer poder. No hay democracia posible cuando el Estado renuncia a disputar la narrativa y permite que otros decidan qué piensa y qué teme la sociedad.
El gobierno no pide permiso para gobernar. Entonces que no permita que la prudencia excesiva que no es virtud: se convierte en abdicación. Cada vez que el Estado se autocensura para evitar el ruido mediático, fortalece a quienes han hecho de la mentira su negocio y de la confusión su estrategia. No se construye legitimidad huyendo del conflicto, se construye enfrentándolo con datos, con narrativa, con presencia y con decisión. El Estado que teme ser acusado de tiranía por decir la verdad ya está derrotado antes de hablar.
México no tiene un Estado dócil ni que se disculpe por existir. Tiene un Estado fuerte, contundente y sin complejos, capaz de señalar, desmentir, evidenciar y confrontar sin titubeos a los poderes que operan contra el interés público. Que le llamen como quieran. La historia no recuerda a los Estados temerosos, recuerda a los que asumieron el costo de defender a su pueblo. Gobernar no es agradar a las élites mediáticas: es garantizar que la verdad no sea rehén del miedo. Y ese momento, hoy, ya no admite más retrasos.
