Por: Ana María Garduño.
La compra de TV Azteca nunca fue una simple operación empresarial. Fue una transferencia de poder cuidadosamente orquestada en el corazón del salinismo, donde el dinero, la política y los medios se fundieron en un solo proyecto: privatizar la voz pública de México. Hoy, a más de treinta años de distancia, un viejo video vuelve a circular y confirma lo que durante décadas se intentó minimizar: Ricardo Salinas Pliego recibió un préstamo multimillonario de Raúl Salinas de Gortari para concretar la compra de Imevisión, la televisora estatal que se convertiría en TV Azteca. No es rumor. No es especulación. Es una confesión directa del propio Raúl Salinas y una admisión pública del empresario.
El monto del préstamo fue de 29.7 millones de dólares. En 1993, el proyecto neoliberal mexicano se encontraba en su punto más alto de concentración de poder y manipulación institucional, bajo el control del círculo más íntimo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. La pregunta no es si el préstamo fue documentado legalmente. La pregunta es otra: ¿qué tipo de país permite que un bien público estratégico, como el espectro radioeléctrico, sea adquirido con dinero proveniente de una de las figuras más oscuras del poder político mexicano, acusado de enriquecimiento ilícito y otros delitos graves?
TV Azteca no nació del mérito empresarial; nació de una arquitectura del privilegio. La concesión fue un pago adelantado por lealtad política futura. Desde entonces, la televisora ha operado como actor ideológico, no como medio de comunicación: defendiendo reformas regresivas, atacando gobiernos populares y normalizando la desigualdad como destino. Cuando el tema resurge en redes sociales, Salinas Pliego responde con burla, minimiza el préstamo, insulta a deudores pobres, ironiza sobre “sobres amarillos” y reduce una discusión de interés público a sarcasmo clasista. Esa respuesta no aclaró nada; solo confirmó el desprecio estructural con el que se construyó su poder.
Para variar, el préstamo derivó en un litigio civil en 2003, cuando Raúl Salinas denunció el incumplimiento del pago. Según sus propias declaraciones, la deuda no fue saldada y los intereses acumulados hicieron crecer el monto de manera significativa. El conflicto se prolongó durante años en un silencio mediático casi absoluto. Hoy, nuevamente, Salinas Pliego enfrenta resoluciones judiciales firmes que lo obligan a pagar una parte de su adeudo fiscal en enero de 2026: más de 51 mil millones de pesos, tras haber perdido todos los recursos legales posibles. No se trata de persecución política; se trata de sentencias definitivas, confirmadas por tribunales colegiados y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El patrón de este “empresario” es evidente: capital de origen político; concesión pública sin contrapesos; uso del medio para proteger intereses privados; evasión fiscal prolongada; y victimización discursiva cuando la ley finalmente lo alcanza. TV Azteca es el símbolo de un país capturado, donde la concesión se confundió con derecho y el privilegio con libertad de expresión. El problema no es que hoy se discuta el origen del dinero. El problema es que durante décadas nadie quiso discutirlo. Porque cuando el Estado entrega la palabra al dinero sucio, la democracia paga la factura.
Las concesiones no son propiedad privada. Son permisos condicionados, otorgados por el Estado mexicano para administrar un bien público: el espectro radioeléctrico. Su conservación depende del cumplimiento de obligaciones legales, fiscales, éticas y de interés social. Cuando esas condiciones se violan de manera sistemática, el Estado puede retirar la concesión: está obligado a hacerlo. El caso de TV Azteca y de su dueño, Ricardo Salinas Pliego, ya no admite ambigüedades.
Durante años, el empresario ha incurrido en conductas que contravienen directamente los principios constitucionales y legales que rigen las concesiones de telecomunicaciones en México. No se trata de opiniones incómodas ni de disenso político legítimo; se trata de acciones reiteradas que ponen en riesgo la soberanía, la salud pública y el Estado de derecho. Salinas Pliego ha llamado públicamente a Estados Unidos a intervenir militarmente en México, una declaración que rebasa la libertad de expresión y entra en el terreno de la deslealtad institucional y la traición a la patria. Ha evadido el pago de impuestos durante décadas, acumulando adeudos fiscales multimillonarios hoy confirmados por resoluciones judiciales firmes. Durante la pandemia de COVID-19 utilizó sus noticieros para desacreditar deliberadamente al entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llamando a la población a no acatar medidas sanitarias y poniendo en riesgo directo la vida de millones de mexicanos.
Pero hay un hecho aún más grave que nunca fue saldado en la memoria nacional. La madrugada del 27 de diciembre de 2002, un comando armado tomó por la fuerza las instalaciones de transmisión de CNI Canal 40, ubicadas en el Cerro del Chiquihuite. Ingenieros y vigilantes fueron encapuchados, amedrentados y esposados a punta de pistola. A ese episodio se le conoció como el “Chiquihuitazo”. Diversos testimonios y resoluciones judiciales señalaron que la acción fue ordenada por Ricardo Salinas Pliego, en represalia porque el entonces dueño de Canal 40, Javier Moreno Valle, decidió terminar un contrato de transmisión con TV Azteca. Es decir, un conflicto mercantil fue resuelto mediante la fuerza armada privada. Esto es un vil delito.
Ese acto marcó la expansión territorial de TV Azteca, y marcó algo peor: la normalización de la violencia privada para resolver disputas empresariales sin que el Estado actuara con la contundencia debida. Cómo puede un concesionario que utilizó hombres armados para tomar antenas públicas seguir administrando el espectro nacional. La concesión de TV Azteca está viciada desde su origen y ha sido sostenida mediante abuso, impunidad y poder mediático.
Hoy, cuando el país discute soberanía, legalidad y democracia real, la permanencia de esa concesión es una contradicción insostenible. No se trata de censura; se trata de hacer valer la ley. Un concesionario que incumple obligaciones fiscales, miente sistemáticamente, pone en riesgo la salud pública, llama a la intervención extranjera y desacata resoluciones judiciales no puede seguir usufructuando un bien que pertenece a la nación. El Estado mexicano ya no debe preguntarse si puede retirarle la concesión a TV Azteca. Debe preguntarse por qué no lo ha hecho todavía. Porque una democracia que permite que el privilegio pisotee la ley termina perdiendo ambas cosas.
El descaro con el que Salinas Pliego ha convertido a TV Azteca en un aparato sistemático de desinformación, ataques personales y campañas de desprestigio contra gobiernos democráticamente electos, primero contra Obrador y la Cuarta Transformación y ahora contra la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien ha acusado sin prueba alguna de vínculos con el narcotráfico. Es cada vez más evidente y prosaico. Nada de esto es anecdótico. Todo viola los principios de veracidad, responsabilidad social y respeto al interés público que la ley exige a cualquier concesionario. TV Azteca ha gozado de inmunidad, olvido, inacción legal y permisividad institucional, mientras la autoridad reguladora no actúa con la firmeza debida.
La concesión de TV Azteca no pertenece a Ricardo Salinas Pliego. El espectro radioeléctrico pertenece a la nación, y el Estado sólo otorga permisos condicionados para su uso. Eso significa que una concesión puede retirarse si el concesionario incumple la ley. El problema es que la legislación actual fue diseñada para proteger a los empresarios de medios, no a las audiencias, y por eso no permite revocar una concesión únicamente por mentir, manipular, difundir odio o atacar derechos, por grave que ello sea.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que la revocación procede por causas técnicas o administrativas: no iniciar transmisiones, transferir ilegalmente la concesión, incumplir obligaciones operativas o acumular sanciones firmes de manera reiterada. Es decir, el contenido tóxico no basta por sí solo, pero sí puede ser sancionado y, si se repite y queda firme, construir una ruta legal hacia la revocación por reincidencia.
Aquí aparece un punto clave: la transmisión de propaganda o mensajes políticos de actores extranjeros. La ley prohíbe que concesionarios mexicanos difundan mensajes de gobiernos o figuras políticas extranjeras que busquen intimidar, presionar o influir en asuntos internos del país. Cuando TV Azteca transmitió un video de Pam Bondi, figura política estadounidense, amenazando a migrantes mexicanos, dejó de ser “opinión” y entró en el terreno de la injerencia extranjera. Esto es sancionable, puede implicar multas graves e incluso suspensión, y suma para configurar la reincidencia.
La propia ley contempla como causal extrema de revocación el solicitar protección de un gobierno extranjero. Aunque TV Azteca no lo haya hecho de forma directa, dar pantalla reiterada a discursos que promueven intervención o amenazas contra mexicanos desde Estados Unidos abre una discusión jurídica seria sobre colaboración mediática con intereses externos. No es automático, pero ya no es un asunto menor ni simbólico.
A esto se suma un historial grave: el uso de fuerza armada privada en el “Chiquihuitazo”; la desinformación durante la pandemia que puso en riesgo la salud pública; la evasión fiscal confirmada por tribunales; y la utilización permanente de la televisora para atacar mujeres, opositores y gobiernos electos. Cada hecho por separado puede no bastar para revocar, pero todos juntos dibujan un patrón claro de abuso del bien público.
En síntesis: hoy la ley no permite retirar la concesión sólo por los contenidos, pero sí permite sancionar, suspender, multar y acumular faltas. Si el Estado documenta, sanciona y deja firmes esas violaciones, especialmente las relacionadas con propaganda extranjera, puede construir legalmente la revocación por reincidencia. El problema ya no es jurídico; es político.
El gobierno de Claudia Sheinbaum no puede seguir permitiendo que Ricardo Salinas Pliego conserve una concesión que pertenece al pueblo de México. No es una opinión: es una exigencia democrática. Cada día que este personaje mantiene el control de una televisora nacional para mentir, insultar, manipular y proteger intereses privados, el Estado incurre en una omisión grave. La tibieza frente a un depredador mediático no es prudencia política; es complicidad.
No hablamos de críticas al poder, hablemos de delincuencia discursiva sistemática. Un empresario que insulta mujeres, trivializa la violencia de género, se burla de víctimas, acusa sin pruebas a la presidenta de la República de vínculos criminales, desacredita autoridades sanitarias en plena pandemia, llama a la intervención extranjera y evade impuestos durante décadas no puede seguir operando un medio de comunicación nacional. La concesión no es un derecho humano del magnate: es un contrato condicionado que ha sido violado una y otra vez.
Salinas Pliego no es un perseguido político; es un actor con poder desmedido, protegido durante años por el silencio institucional. Hoy intenta invertir la carga moral, presentándose como víctima mientras ejerce violencia simbólica, misoginia abierta y chantaje mediático. Usa su televisora como escudo y como arma. Eso no es libertad de expresión: es captura del espacio público.
Por eso exigimos que el gobierno de Claudia Sheinbaum actúe. Que actúe la Fiscalía, que actúen las autoridades regulatorias, que actúe el Estado. No se puede seguir siendo cómplice de un delincuente disfrazado de empresario que se cree intocable porque controla micrófonos. Si la concesión sigue en sus manos, el mensaje es claro: el dinero manda más que la ley. Y ese mensaje, en una democracia que dice estar cambiando, ya no es aceptable.
