Por: Ana María Garduño.
Los migrantes mexicanos que cruzan la frontera norte no llegan con las manos vacías: llegan con trabajo, disciplina, talento, cultura y una potencia económica silenciosa que ha sostenido por décadas al país más poderoso del mundo. Contra la narrativa oficial del gobierno estadounidense, que insiste en mostrarlos como carga, amenaza o criminales. la evidencia económica es irrebatible: los inmigrantes documentados e indocumentados aportan más de dos billones de dólares anuales al PIB estadounidense, cerca del 18% de toda la producción económica nacional. Casi una quinta parte de la riqueza del país proviene del trabajo de comunidades a las que se les niega reconocimiento, derechos y protección.
En 2023, los hogares de inmigrantes indocumentados pagaron cerca de $89.8 mil millones en impuestos federales, estatales y locales. No reciben beneficios plenos, pero aportan como si los tuvieran. Ese mismo año, su poder de compra superó los $299 mil millones, una fuerza que dinamiza economías locales y mantiene vivos miles de negocios estadounidenses. La maquinaria fiscal del país retiene de sus salarios impuestos para Seguridad Social y Medicare, aun cuando la mayoría jamás podrá cobrar una jubilación, ni contará con estos servicios. Pagan como ciudadanos, pero son tratados como intrusos. Benefician al país, pero el país los deporta, criminaliza o despoja: casas, autos, cuentas bancarias, negocios enteros han sido arrebatados a familias que, tras años de esfuerzo, terminan expulsadas del país sin derecho a reclamar sus bienes.
Pese al acoso político y mediático, la comunidad inmigrante, especialmente la mexicana, se ha convertido en la columna vertebral empresarial. Tan sólo en 2022 se registraron cientos de miles de nuevas empresas hispanas, muchas de ellas propiedad de mexicanos que ahora generan empleo, pagan nómina, expanden industrias y sostienen segmentos enteros de la economía estadounidense. California ofrece el ejemplo más contundente: estudios recientes del UCLA muestran que el PIB latino del estado ya supera el billón de dólares, y que los inmigrantes latinos aportan cerca de $400 mil millones en producción anual. Agricultura, construcción, comercio minorista, servicios, salud, tecnología, cuidados domésticos: sin ellos, el estado colapsaría en cuestión de días. Es un aporte estructural, no anecdótico.
Las familias migrantes sostienen mercados enteros: vivienda, transporte, alimentos, servicios, cadenas logísticas. El 90% de sus ingresos se gasta dentro de Estados Unidos; el resto fluye como remesas que envían a México para ayudar a sus familiares. Son consumidores constantes y confiables: llenan supermercados, mueven transporte público, contratan servicios, mantienen a flote restaurantes, talleres, panaderías, escuelas y pequeños comercios. Donde llega un mexicano, llega el movimiento económico. Por esto, cuando un poder se queda sin relato, recurre a la violencia como sustituto del derecho. No es una metáfora, es la mecánica real de los estados unidos cuando siente que su legitimidad se deshilacha, y entonces inician la violencia contra los migrantes: ICE, redes de cooperación entre fuerzas locales y federales, agentes encapuchados operando con impunidad, policías, ejercito, y una finalidad política clara para disciplinar poblaciones que, organizadas, pondrían en jaque el armazón simbólico y territorial del país.
Los informes recientes, las imágenes de video o fotografías que circulan en la prensa y por las redes, documentan prácticas que van desde detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas en centros de internamiento hasta desapariciones temporales y violencia física sistemática. Organizaciones de derechos humanos y reportes periodísticos han puesto en evidencia centros de detención con condiciones que vulneran derechos básicos y testimonios de abusos. Estos hechos no son accidentes aislados; forman parte de una maquinaria que criminaliza y borra a quienes estorban al relato dominante.
La frontera dejó de ser una raya cartográfica para convertirse en un sistema de vigilancia interna. Lo que en el pasado se explicaba como control migratorio hoy opera como política preventiva: impedir que comunidades enteras; mexicanas, latinas, chicanas, mezcladas con estadounidenses críticos del statu quo, puedan moverse, organizarse y votar sin miedo. Cuando la coerción cotidiana se vuelve una forma de régimen, el miedo deja de ser un efecto colateral: se convierte en la estrategia central de gobierno.
Por qué ahora, el pánico demográfico y la pérdida del relato se da con tanta fuerza. La respuesta es simple y cruel: el mapa demográfico y político está cambiando con rapidez. El voto latino ya dejó de ser una promesa futura para ser un factor decisivo en elecciones nacionales y estatales; su crecimiento en el padrón electoral le confiere a esa comunidad un peso que puede determinar resultados y redibujar mayorías. Instituciones y centros de investigación demuestran que la cantidad de votantes latinos elegibles creció de forma notable en los últimos años, transformando la correlación de fuerzas en estados clave. ¿Por qué apuntan a comunidades concretas? Porque no es contra “la sociedad” en abstracto: es contra quienes pueden alterar la correlación de fuerzas. Porque en estas regiones, hoy se concentran más de una centena de millones de personas con raíces culturales e históricas compartidas. Ahí el voto latino no es una minoría marginal: es un vector que puede cambiar gobernaturas, mayorías legislativas y, en última instancia, la dirección del gobierno federal. Datos federales de población muestran la magnitud y crecimiento de estas comunidades en los estados clave.
La lógica es brutal pero lógica: si no puedes neutralizar la fuerza electoral a través del discurso, lo haces a través del miedo. Si no puedes convencer a la gente de que “ese es el orden natural”, la persuades imponiéndole un cálculo existencial: “si te expones, te arriesgas a perderlo todo”. De ese modo, la participación política se deforma: desaparece la elección libre y aparece la sumisión por supervivencia. Las prácticas de represión migratoria y policial generan efectos políticos previsibles: menos movilización, menos registro electoral, menor asistencia a las urnas en comunidades aterradas. Esa disminución concertada o naturalizada de la participación electoral es la contra-estrategia más efectiva para quien teme perder su hegemonía por la vía democrática. Detrás de cifras y estrategias hay gente concreta: familias separadas, jóvenes sin futuro, ancianos que desaparecen en la lógica burocrática, trabajadores que ya no se atreven a ir a los hospitales o a las escuelas por miedo a ser fichados. Pero también hay comunidades con memoria viva y redes de solidaridad que resisten: organizaciones civiles, abogados, movimientos de base y alianzas transfronterizas que documentan, que organizan, que educan sobre derechos y, sobre todo, que trabajan para transformar el miedo en poder político.
El derecho internacional, y también los principios democráticos básicos, reconoce que las poblaciones históricas tienen derechos a decidir su estatus político y a ejercer sus derechos civiles sin coacción. Cuando se violan esos derechos por medio de la intimidación sistemática, se abre una ventana moral para la intervención del escrutinio público, la solidaridad internacional y, eventualmente, mecanismos legales que cuestionen la legitimidad de prácticas estatales que operan fuera de la ley. El estado norteamericano puede silenciar a muchos individuos por separado, pero no puede silenciar a la memoria colectiva cuando ésta se convierte en decisión libre. Y cuando el voto deje de ser el eco de una mentira impuesta y pase a ser la voz de la verdad recuperada, habrá comenzado la verdadera desarticulación de esa ficción que llaman destino manifiesto: no será con las armas, será en las urnas, con organización y coraje.
